Con apenas 20 años de iniciado ya se quiere marchitar y darle reversa al proceso de descentralización fiscal para paulatinamente volver al desusado centralismo. Se enuncian muchos pretextos.
El desarrollo económico moderno es mayor demanda de una canasta cada vez más variada de bienes y servicios, basado en el principio general que los humanos preferimos en general demandar cada vez más mayores cantidades y más variedad de bienes y servicios. Esto debe generar más productos, más valor agregado, más riqueza, más calidad de vida y más bienestar.
Entre mayor el número de conglomerados humanos (ciudades-regiones) mayor las posibilidades de desarrollar ese conjunto de más diversidad y eventualmente mayor oferta de bienes y servicios.
La Nación más poderosa hoy del mundo, con un PIB (producido por 300 millones de habitantes) igual al de la China (producido por 1.300 millones de habitantes), es producto entre otras estrategias de desarrollo de sus 50 o más polos de desarrollo urbano-metropolitano-regional. La Unión Europea se demoró 200 años en entender este proceso que en 1776 iniciaron sus descendientes del norte de América
De los países todavía hoy en vías de desarrollo, Colombia es un país afortunado. Contamos con un poco más de 40 conglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes, lo que nos da una enorme ventaja para conformar una vasta red de comunicaciones y desarrollos regionales diferenciados de productos en donde crezcan esas ventajas comparativas naturales y competitivas locales de bienes y servicios tanto para los consumos de los mercados nacionales como para los mercados internacionales.
Las mediciones del Indice de Desarrollo Humano (IDH) que ha hecho Planeación Nacional desde 1991, muestra un proceso convergente entre lo rural y lo urbano en Colombia en lo referente a variables sociales como salud y educación, aunque no todavía para el PIB. Se puede demostrar que éstas reducciones en diferencias en niveles de desarrollo social se pueden atribuir al proceso fiscal de descentralización y transferencias, proceso que muestra además una tendencia, aunque todavía no muy pronunciada, a un crecimiento más rápido en el IDH de los municipios de departamentos más pobres relativa a los municipios de departamentos más ricos.
Aunque hoy se reconoce que el desarrollo humano es de mayor importancia en todo desarrollo económico, las inversiones en la Formación Bruta de Capital Fijo (Fbkf), más específicamente en la infraestructura física (energía, acueductos, alcantarillados, telefonía, dotación de hospitales, puestos de salud, aulas escolares, vías, puentes, etc.) son la base para facilitar el crecimiento del sector privado y el PIB total en cualquier economía.
Frenar el proceso de transferencias, peor aún marchitarlo o reversarlo, sería una contravía con ese proceso que en 40 a 50 años futuros va a mostrar un país con 40 o más polos de desarrollo solidificados, situación no igualada por ningún otro país latinoamericano, y que nos daría múltiples posibilidades de estrategias de crecimiento y desarrollo.
En las actuales discusiones que buscan la fórmula 'adecuada' o más aceptada sobre las transferencias a las regiones, estoy de acuerdo que tomarlas sobre los ingresos corrientes de la Nación (ICN) es inconveniente. Esta fórmula funciona en períodos en que la economía está en alza y se generan ingresos fiscales por encima del crecimiento del PIB, y hay dineros aún para disminuir el nivel de deuda. Claramente esta situación es favorable a los entes territoriales. En el otro extremo, tomar el balance fiscal neto de gastos excluidas las transferencias, generará transferencias los primeros años, luego los gastos crecientes nacionales no dejarán nada para las transferencias. Lo fácil es inventarse gastos, lo difícil es controlarlos.
Propongo la siguiente fórmula: sobre un valor base de transferencias (que llamaremos B-TAR, p.e. ejemplo año 2005 = 22,9 billones resultado de sumar las del Sistema General de Participaciones (SGP) y Otras Transferencias (OT)), sumar (o restar) una fracción del incremento (o decrecimiento) de los ingresos corrientes de la Nación cada año de acuerdo a la tasa de crecimiento del PIB nominal, y otra fracción que resulte de la diferencia entre excedente del crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación y la fracción del crecimiento del PIB calculada antes.
La fracción de la tasa de crecimiento del PIB nominal (tasa de crecimiento real más inflación implícita en el PIB, fija para cada uno de los años de aplicación de la fórmula) se calcula como el 49 por ciento de la tasa de crecimiento del PIB nominal. Ese 49 por ciento resulta de dividir el total de regalías del año base (B-TAR) sobre el total de ingresos corrientes de la nación (TICN) de ese mismo año base (22,9/45,9= 49 por ciento). Lo llamaremos Factor B-TAR
La fracción a repartir por encima de la tasa de crecimiento del PIB la tomo como 50 por ciento (criterio salomónico de repartición en el cual cada parte toma una mitad). Ese 50 por ciento se aplica al excedente que resulta de restarle al incremento del recaudo de ingresos corrientes la participación de reparto del PIB ya calculada antes. La suma (o resta) de las dos fracciones da una nueva base de reparto (una nueva B-TAR) y así sucesivamente cada nuevo año.
Un ejemplo: si el Total de Ingresos Corrientes de la Nación crecen 20 por ciento durante el año base (a 55,1 billones de pesos) y el PIB nominal crece ese año 10 por ciento (6 por ciento real más 4 por ciento inflación implícita en el PIB), se transferirían para el año 1 del nuevo régimen 27,5 billones de pesos; 22,9 billones de pesos de la base inicial, más 2,25 billones de pesos por concepto del crecimiento del PIB nominal y 2,31 billones de pesos por el excedente generado en el recaudo ese año. Esta será la nueva base de repartición para el año 1 (la nueva B-TAR).
Obsérvese que el incremento (decrecimiento) de los ingresos corrientes de la Nación son la clave para que crezca (disminuya) la nueva base de reparto. Si los ICN crecen pero el PIB no crece se incrementa la base sobre el criterio del 50 por ciento. Si el PIB nominal crece pero los ICN no crecen (inelasticidad del recaudo respecto al PIB) no hay ningún incremento de la base, y la nueva B-TAR es igual a la anterior y eso es lo que se reparte.
Ahora bien, si el PIB nominal crece pero los recaudos decrecen respecto al año anterior (situación que no se ha dado desde 1990 pero que sí se dio antes de esa década), hay que ajustar hacia abajo la nueva B-TAR, aplicando los dos criterios de cálculo. Lo mismo se aplica cuando recaudo y PIB decrecen el mismo año.
Entre las varias ventajas de esta fórmula podría enumerar el reparto de las participaciones de una manera equitativa a la relación crecimiento PIB crecimiento recaudo, a través del concepto económico de la elasticidad de estas dos variables; incentiva (eficacia-eficiencia) a la administración de impuestos a esforzarse en el recaudo cuando este decrece por debajo del crecimiento del PIB (rango inelástico de la relación); incluye un concepto de largo plazo en la planeación de la deuda en donde obliga a bajar la deuda sobre el PIB en épocas de crecimiento 'vacas gordas' y a usar ese colchón en épocas de escasez 'vacas flacas'. En el evento de decrecimiento del recaudo tanto nación como regiones deben pagar la recesión y la disminución en el recaudo, con ajuste de presupuesto y/o deuda por partes iguales. Naturalmente hay otras ventajas y seguro que limitaciones también.
Alberto Hernández G - Consultor y profesor universitario
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