Colombia. A 20 años de la primera elección popular de alcaldes

Entrevista del Diario de Otún al catedrático y analista político Óscar Arango Gaviria.

¿Qué balance podemos hacer de los 20 años de elección popular de alcaldes?

- Desde el punto de vista de la democracia, la elección popular de alcaldes, que tuvo su primera jornada en el año 1988, significó una ruptura política profunda muy significativa y que cambió, creo yo, para siempre, el perfil del quehacer político en Colombia, me parece que sería inimaginable siquiera pensar que hoy nuestros alcaldes, nuestros mandatarios locales fueran nombrados como en aquella época por el Ejecutivo nacional o seccional dependiendo del caso, creo que la elección popular de alcaldes ha significado lo poco de estabilidad política e institucional que todavía nos queda, sin la elección popular de alcaldes francamente creo que el país hubiera colapsado en su institucionalidad dadas las crisis que frecuente y periódicamente hemos tenido en el ejecutivo a nivel presidencial.

Y desde el punto de vista político la elección popular de alcaldes ha significado un paso adelante en la competencia partidista, un paso adelante en el estudio y análisis de los problemas locales y regionales, nos ha facilitado la posibilidad de coaliciones que en otras condiciones serían muy difíciles de concretar, ha permitido que florezcan liderazgos que en otras condiciones bajo el esquema del caudillismo, del gamonalismo y del caciquismo que caracterizaba la política hace 20 años, era muy difícil de combatir, y mucho menos de vencer.

¿Qué significó la elección popular de alcaldes?

- Ese es un proceso que no ha sido gratis ni ha sido fácil, porque la elección popular de alcaldes se hizo en Colombia paradójicamente aún antes de haber cambiado la Constitución, es decir, esto significó una respuesta del alto Gobierno y de los sectores dirigentes del país, a lo que en aquella época era la dinámica de los movimientos cívicos, de los movimientos sociales locales, de los paros cívicos locales, que florecían a lo largo y ancho del país, y significó también una respuesta del alto Gobierno a la dinámica propia del conflicto armado, yo creo sinceramente que la elección popular de alcaldes le permitió a Colombia generar una barrera, una obstáculo, un dique fundamental para que no creciera como venía creciendo el conflicto armado. El conflicto armado no debe leerse solo como un problema militar, es fundamentalmente un problema político, y en esa medida dándole la oportunidad a los ciudadanos que fueran ellos quienes nombraran a su leal saber y entender sus mandatarios locales, pues naturalmente en esa misma medida se deslegitimaba cualquier tipo de opción de conflicto armado, pero digo que nosotros tenemos en Colombia un sabor agridulce porque en la misma medida en que hemos avanzado y hemos dado pasos fundamentales para la democracia local en términos políticos, no así ha sucedido para la democracia en términos de descentralización fiscal y administrativa, no solamente nos queda mucho camino por recorrer, sino que aún hoy observa uno grandes esfuerzos para recentralizar muchas de las conquistas que se lograron en el campo fiscal y administrativo con la constituyente y con el cambio de la carta magna, basta recordar que hemos retrocedido de manera supremamente grave.

¿Pero sí ha habido mayor descentralización administrativa para los alcaldes?

- Desde el punto de vista de la descentralización administrativa la evaluación que uno hace de los 20 años deja un sabor agridulce, porque nos permite entender que la autonomía local y la autonomía departamental todavía están en entredicho, dado que las funciones de muchísimas de las instituciones del orden descentralizado aún están remitidas a lo que se decida, o bien desde los Ministerios, o bien desde las entidades descentralizadas del orden nacional, entonces ahí hay un asunto que no es fácil, que es complejo, pero creo que evaluando en términos generales vamos por un buen camino.

¿Hace falta la reelección inmediata de alcaldes?

- Creo que Colombia es un país sui generis en ese sentido, nadie en el mundo entero entendería el esquema institucional que aprobó el Congreso en Colombia mediante el cual decidió, con muchos cuestionamientos según se lee hoy por el escándalo de lo que llaman la “Yidispolítica”, que habría reelección del Presidente de la República por un período, pero no decidió simultáneamente la reelección de alcaldes y de gobernadores.

Si se examina cuidadosamente la exposición de motivos del proyecto que permitió tomar esa decisión de que los ciudadanos pudieran reelegir al Presidente por un período, esos mismos argumentos y razones valen estrictamente para cualquier alcalde o para cualquier gobernador, no hay nada que justifique que uno pueda reelegir al Presidente y no reelegir a un gobernador o a un alcalde. Algunos dirán que no estamos maduros, algunos dirán que es que las alcaldías y las gobernaciones quedan en manos de los corruptos, pues bien, a esas personas habrá que decirles que exactamente eran los que nos esgrimían hace 20 años, o incluso más, quienes sistemáticamente se opusieron a que en Colombia hubiera elección popular de alcaldes.

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