En declaraciones hechas recientemente, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, ha formulado apreciaciones importantes respecto de cómo percibe el Ejecutivo el proceso de desconcentración y regionalización, fenómeno que a todas luces demanda un nuevo y vigoroso impulso.
De acuerdo con la autoridad responsable de las relaciones con las administraciones de regiones y municipales, el gobierno tiene la firme voluntad de introducir un nuevo modelo de articulación entre lo central y lo periférico en el Estado. Según Flores, se pretende una “revolución” descentralizadora en Chile.
Se trata de una materia clave para el progreso armónico del país, que ocupó un lugar significativo en la campaña electoral del año pasado y, por tanto, en la plataforma programática del hoy Presidente Sebastián Piñera.
La presente estructura de división territorial deriva, en sus bases fundamentales, de la reforma iniciada a escasos meses de instalado el régimen militar en la década de los 70. Ésta puso término al esquema de 25 provincias y lo sustituyó por doce regiones y un área metropolitana, que posteriormente se convirtió en Región Metropolitana.
A partir de ese núcleo se ha producido un proceso ascendente y constante de transferencia de competencias y distribución de recursos desde la capital a las regiones. Fue así como después de la enmienda que en 1991 democratizó los municipios, superando la idea de una generación corporativa elitaria de alcaldes, se avanzó en la configuración de gobiernos regionales basados en una doble fuente de legitimidad: el intendente, como representante personal y directo del Presidente, acompañado de un consejo con atribuciones reguladoras, presupuestarias y fiscalizadoras; éste se ha basado en la elección indirecta de sus miembros a partir de colegios provinciales formados por los concejales. Sin embargo, este mecanismo con el tiempo reveló un conjunto de insuficiencias que creó las condiciones para la modificación contenida en la Ley 20.390 de 2009, que ha establecido la elección de los consejeros a través de elección popular. La prueba de fuego de esta legislación debería producirse en los próximos comicios municipales de 2012.
Aunque en la discusión de este cuerpo legal se evaluó la posibilidad de convertir a los intendentes también en autoridades elegidas vía voto popular, al final primó el apego a uno de los principios constitutivos del Estado: su carácter unitario.
El terremoto del 27-F puso en evidencia que los gobiernos regionales requieren de facultades y espacios de autonomía de los que hoy carecen, a pesar de las mejorías registradas. En este contexto resulta hasta cierto punto comprensible la sensación de las ciudadanías regionales y de sus representantes en torno a un centralismo asfixiante que limita sus perspectivas de desarrollo.
Con todo, la descentralización debe cuidar que no se produzcan asimetrías y desigualdades. No todas las regiones tienen las mismas condiciones económicas y sólo desde el nivel central se pueden garantizar los mecanismos de compensación que permitan el crecimiento equilibrado.
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De acuerdo con la autoridad responsable de las relaciones con las administraciones de regiones y municipales, el gobierno tiene la firme voluntad de introducir un nuevo modelo de articulación entre lo central y lo periférico en el Estado. Según Flores, se pretende una “revolución” descentralizadora en Chile.
Se trata de una materia clave para el progreso armónico del país, que ocupó un lugar significativo en la campaña electoral del año pasado y, por tanto, en la plataforma programática del hoy Presidente Sebastián Piñera.
La presente estructura de división territorial deriva, en sus bases fundamentales, de la reforma iniciada a escasos meses de instalado el régimen militar en la década de los 70. Ésta puso término al esquema de 25 provincias y lo sustituyó por doce regiones y un área metropolitana, que posteriormente se convirtió en Región Metropolitana.
A partir de ese núcleo se ha producido un proceso ascendente y constante de transferencia de competencias y distribución de recursos desde la capital a las regiones. Fue así como después de la enmienda que en 1991 democratizó los municipios, superando la idea de una generación corporativa elitaria de alcaldes, se avanzó en la configuración de gobiernos regionales basados en una doble fuente de legitimidad: el intendente, como representante personal y directo del Presidente, acompañado de un consejo con atribuciones reguladoras, presupuestarias y fiscalizadoras; éste se ha basado en la elección indirecta de sus miembros a partir de colegios provinciales formados por los concejales. Sin embargo, este mecanismo con el tiempo reveló un conjunto de insuficiencias que creó las condiciones para la modificación contenida en la Ley 20.390 de 2009, que ha establecido la elección de los consejeros a través de elección popular. La prueba de fuego de esta legislación debería producirse en los próximos comicios municipales de 2012.
Aunque en la discusión de este cuerpo legal se evaluó la posibilidad de convertir a los intendentes también en autoridades elegidas vía voto popular, al final primó el apego a uno de los principios constitutivos del Estado: su carácter unitario.
El terremoto del 27-F puso en evidencia que los gobiernos regionales requieren de facultades y espacios de autonomía de los que hoy carecen, a pesar de las mejorías registradas. En este contexto resulta hasta cierto punto comprensible la sensación de las ciudadanías regionales y de sus representantes en torno a un centralismo asfixiante que limita sus perspectivas de desarrollo.
Con todo, la descentralización debe cuidar que no se produzcan asimetrías y desigualdades. No todas las regiones tienen las mismas condiciones económicas y sólo desde el nivel central se pueden garantizar los mecanismos de compensación que permitan el crecimiento equilibrado.
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