En Ciencia Política, Cohen, March y Olsen nos enseñaron que un modelo para entender la respuesta que dan los poderes públicos a los problemas ciudadanos es la del garbage can, es decir la de un cubo de la basura en el que hay diferentes soluciones de las que tomaríamos una, que no necesariamente es la más adecuada para el problema que queremos resolver pero que nos sirve para salir del paso. Visto el debate electoral del pasado 7 de noviembre, que da continuidad a reflexiones y ocurrencias leídas y escuchadas en estos últimos meses, creo que nos quieren aproximar más a ese modelo que al de una respuesta política rigurosa y sensata. Pero eso, simplemente, refleja el enredo en el que se han metido PSOE y PP a la hora de afrontar el tema de las diputaciones.
Y, con temas como ese, es necesaria una mínima perspectiva para no confundir a la ciudadanía: antes de las pasadas elecciones municipales, el portavoz municipal del PSOE poco menos que hacía votos por lo imprescindibles que son las diputaciones; el del PP, por su parte, sabedor de por dónde iban las encuestas, también hablaba de lo mismo. Un poco más tarde, las palabras del vicesecretario del PSOE abrían la senda del debate, por donde entraría con nítidos mensajes el candidato Rubalcaba, dejando bastante desubicados a unos cuantos, especialmente a los presidentes socialistas de diputación.
Con posterioridad, las intervenciones de unos y otros han incidido en lo que no deja de ser la muerte conceptual de las diputaciones: son útiles porque existen municipios pequeños. Es como si el esfuerzo de algunos, brillante pero falto de contenido, a la hora de perfilar una “comunidad política local” quedara en nada a la vista de tal formulación. Veamos, ¿a alguien se le ha ocurrido justificar un nivel de gobierno sólo para atender los problemas de los mayores?, o ¿de los jóvenes? o ¿de los municipios turísticos? Como la respuesta es que no, que para eso tenemos direcciones generales en los gobiernos autonómicos, y como no es recomendable entrar por ocurrencias tipo “hay que sacar a las capitales de provincia del ámbito de las diputaciones” que sólo hablan de que hay que hacer que los asesores lean más y mejor, pongamos un poco de orden.
Actualmente las diputaciones son reconocidas como gobierno, pero es un nivel de gobierno insuficientemente legitimado incluso desde la perspectiva constitucional: cualquier ciudadano entiende que la naturaleza de un gobierno reside en su capacidad para representarle, porque para eso tiene la opción de votarlo, y hoy por hoy, para ser exactos desde que los constituyentes optaron por ver qué daba de sí la España autonómica y decidieron mantener las diputaciones, estas están faltas de la legitimidad que la propia Constitución consagra (principio democrático, eficacia, eficiencia, participación, …). Y conviene no confundir a las diputaciones con las provincias, como se comprueba en las comunidades autónomas uniprovinciales donde han desaparecido. Lo cierto es que ese principio democrático de control y de manifestación de preferencias que sustenta la elección de un gobierno desapareció con el procedimiento electoral que se prefijó para las diputaciones y que, de hecho, no vamos a encontrar en un gobierno intermedio del resto de Europa.
Pero a esa característica de debilidad democrática se le une que, en la práctica, las diputaciones no tienen competencias materiales, salvo de manera marginal. Por decirlo más claramente: lo que una diputación provincial de régimen común decide hacer es lo que responde al “interés provincial”, algo que remite a lo que decida su presidente, pero que ni es definible ni contrastable en términos democráticos. Cualquier ciudadano sabe que un problema con su ayuntamiento tiene reflejo en escenario políticos –en la propia institución, en las calles o en los juzgados-; en una diputación, más allá de en su Pleno, poco reflejo de discusión podemos encontrar.
Y en tercer lugar, un signo de descentralización, propio de un Estado compuesto como es el español, es la corresponsabilidad en el funcionamiento de la Hacienda pública. En ese sentido, nos hemos dotado de un modelo en el que las comunidades autónomas tienen una autonomía fiscal que se visibiliza, vía tributos, por la ciudadanía; y qué decir de los ayuntamientos que tienen que dar la cara ante esa ciudadanía con impuestos como el IBI, por citar tan sólo uno de ellos. Si uno mira que la mayoría de los recursos de una diputación proceden de transferencias del Estado y que no tienen que pasar por el filtro electoral de las preferencias de la ciudadanía a la hora de validar diferentes programas partidarios, nos encontramos con que los componentes de transparencia, control y rendición de cuentas, que caracterizan a la Democracia moderna, han desaparecido por más que quisiera un presidente de diputación otra cosa.
Así que ahora, unos 75.000 empleados públicos en toda España, unos 6.000 millones de euros de presupuesto y un 8.5% del total del gasto público local, esperan que PSOE y PP decidan qué se hace con estas centenarias instituciones. Pero haberles dedicado el tiempo que emplearon en el pasado debate electoral para justificar su mantenimiento, o no, es frívolo cuando seguimos pendientes de saber cómo se ordenarán las Administraciones públicas españolas sin que eso suponga más recortes en el gasto público o qué se pretende hacer con empresas públicas, fundaciones y todo tipo de entes instrumentales para que la eficiencia de esas Administraciones sea la que reclama nuestro Estado de bienestar.
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